Tres ONG advierten de la posible complicidad de empresas y autoridades con crímenes de guerra
El ECCHR ya elevó en diciembre de 2019 una comunicación a la Fiscalía deen la que aportaba “evidencias e información sobre 26 ataques aéreos a edificios residenciales, escuelas, hospitales, un museo y sitios del patrimonio mundial, que pueden constituir crímenes de guerra en virtud del Estatuto de Roma”, suscrito por España.
Las ONG piden al ministerio público que investigue el caso en cooperación con sus homólogos europeos de la Red europea de puntos de contacto sobre personas responsables de genocidio y crímenes contra la humanidad. También sugieren que se forme un equipo conjunto con la Fiscalía de la CPI. La Corte Penal Internacional actúa bajo el principio de complementariedad con los Estados miembros, subraya la misiva, por lo que son las fiscalías de los países que exportan armas a los socios de la coalición que interviene en la guerra de Yemen las que deben investigar la posible responsabilidad de sus propias empresas y gobiernos.
En opinión de las ONG, parece existir “una base razonable para creer que las fuerzas de la coalición han cometido crímenes de guerra en Yemen y que tanto los representantes gubernamentales españoles como el personal con capacidad de toma de decisiones en Airbus Defence and Space, S.A. podrían haber contribuido a cometerlos o haber sido cómplices” de los mismos.